La controversia en torno a la placa en honor a Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de Colombia ha generado un debate intenso. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ha sido una de las voces más críticas. Según Hernández, la instalación de la placa fue ilegal. Argumenta que el expresidente del Senado, Ernesto Macías, se extralimitó en sus funciones al colocarla sin cumplir con los requisitos legales.
La senadora Hernández ha llevado su protesta más allá de las palabras. A través de las redes sociales, anunció que presentó una acción de nulidad para retirar la placa. Según ella, mantenerla en el Capitolio es un acto que ignora los oscuros episodios del gobierno de Uribe. Durante su mandato, se dieron los llamados “falsos positivos”, y se afectó la dignidad de los trabajadores colombianos.
Hernández no se detiene ahí. Considera que la placa es una ofensa a las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Uribe. En sus palabras, “ese señor no es el ‘gran colombiano’, es el primer expresidente imputado y a punto de ir a juicio”. La senadora busca que el tribunal administrativo exija al Congreso el retiro inmediato de la placa. Argumenta que la Ley Quinta de 1992, que regula el Congreso, no autoriza este tipo de instalaciones, especialmente en el Capitolio Nacional, un bien de interés cultural.
La senadora también cuestiona la imagen de Uribe como un colombiano ejemplar. Para ella, representa mucho de lo que los colombianos rechazan en la política. Hernández espera que el tribunal acoja sus argumentos y se retire la placa, que considera un “monumento a la infamia”. Además, propone que el Legislativo reconozca a otros sectores de la sociedad. Sugiere homenajear a las madres cabeza de hogar, al campesinado y a los líderes ambientales.
Este caso pone de relieve las tensiones políticas en Colombia. La figura de Álvaro Uribe sigue siendo polarizante. Para algunos, es un líder que enfrentó con firmeza a grupos armados ilegales. Para otros, su gobierno está marcado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. La placa en el Congreso simboliza esta división. Mientras unos la ven como un reconocimiento merecido, otros la consideran una afrenta a la memoria de las víctimas.
El debate sobre la placa también refleja un conflicto más amplio sobre la memoria histórica en Colombia. ¿Cómo debe recordarse el pasado reciente del país? ¿Qué figuras merecen ser honradas en espacios públicos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. La acción de nulidad presentada por Hernández es solo un capítulo más en esta discusión.
El proceso legal para retirar la placa podría ser largo y complicado. Sin embargo, el debate ya ha puesto en el centro de la atención pública temas cruciales. La memoria histórica, la legalidad de las acciones del Congreso y el reconocimiento de las víctimas son cuestiones que seguirán siendo relevantes. La senadora Hernández ha logrado, al menos, abrir un espacio para la reflexión y el diálogo sobre estos temas.
En última instancia, el desenlace de este caso podría sentar un precedente importante. No solo sobre cómo se manejan los homenajes en el Congreso, sino también sobre cómo se aborda el legado de figuras controvertidas en la historia reciente de Colombia. La decisión del tribunal será observada de cerca, no solo por los actores políticos, sino también por la sociedad en general.
