La Corte Penal Internacional (CPI) ha dado un paso significativo en la búsqueda de justicia al emitir órdenes de arresto contra Serguéi Shoigú, exministro ruso de Defensa, y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor. Ambos son acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó estas órdenes, responsabilizando a los altos cargos rusos de dirigir ataques a objetivos civiles y causar daños colaterales excesivos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, fue quien solicitó la aprobación de estas órdenes. Khan acusa a Shoigú y Guerásimov de ser presuntos responsables a nivel penal de cometer, ordenar y no evitar estos crímenes. Según los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023.
Durante este período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo numerosos ataques contra plantas de energía eléctrica y subestaciones en varias localidades de Ucrania. La Sala considera que estos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles. Incluso si algunas instalaciones podían ser objetivos militares, el daño colateral a civiles y bienes civiles fue claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada.
Además, la Sala denunció que la campaña de ataques constituye una conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil. Estos actos fueron llevados a cabo de acuerdo con una política estatal, lo que sugiere que los sospechosos causaron intencionalmente gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física. Por ello, se les considera responsables penalmente del crimen de lesa humanidad.
Aunque el contenido de las órdenes se emite como “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa. Esta medida busca mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un contexto tan delicado.
Estas órdenes de detención no son las primeras emitidas por la CPI en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. En marzo pasado, se ordenó el arresto de dos militares rusos: el teniente general Sergey Kobylash y el almirante Viktor Sokolov. Un año antes, la CPI ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. Ambos fueron acusados de la deportación ilegal de menores ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.
La emisión de estas órdenes de arresto plantea varias cuestiones importantes. En primer lugar, subraya la determinación de la CPI de perseguir a los responsables de crímenes graves, independientemente de su posición o poder. Esto envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley internacional. Sin embargo, también plantea desafíos significativos en términos de ejecución. Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI y es poco probable que entregue a los acusados. Esto podría limitar la efectividad de las órdenes de arresto y plantea preguntas sobre cómo la comunidad internacional puede apoyar la labor de la CPI.
Por otro lado, estas acciones de la CPI pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y en la narrativa internacional sobre la invasión de Ucrania. Al identificar y acusar a altos funcionarios rusos, la CPI contribuye a documentar y visibilizar las atrocidades cometidas. Esto puede aumentar la presión sobre Rusia y sus aliados, y fortalecer la posición de Ucrania y sus aliados en la arena internacional.
Es crucial considerar las implicaciones a largo plazo de estas órdenes de arresto. Si bien la justicia internacional puede ser lenta y complicada, la emisión de estas órdenes es un paso importante hacia la rendición de cuentas. También puede sentar un precedente para futuros conflictos y crímenes de guerra, reforzando la idea de que la impunidad no es una opción.
