El congelamiento de las tarifas de peajes, ordenado por el Gobierno mediante el Decreto 050 de 2023, ha generado una serie de complicaciones económicas y legales que podrían costar al país más de $1 billón. La Contraloría General de la República ha advertido al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a los concesionarios viales sobre la necesidad de implementar acciones urgentes para cumplir con los contratos de concesión.
El decreto, expedido el 15 de enero de 2023, buscaba prevenir riesgos inflacionarios. Sin embargo, la Contraloría señala que el estudio y soporte de esta medida no han sido justificados satisfactoriamente por el Gobierno Nacional. Como resultado, se ha activado el riesgo de menor recaudo de peajes, lo que obliga a la ANI a compensar a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de las tarifas.
Para los once contratos de concesión vial de Iniciativa Privada (IP), la situación es aún más crítica. Estos contratos no cuentan con desembolso de recursos públicos y dependen exclusivamente del recaudo de peajes para recuperar la inversión. La afectación en 2023 alcanzó los $610 mil millones y, de no autorizarse el ajuste del +4,64%, en 2024 podría sumar otros $410 mil millones, totalizando $1,02 billones que deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
La preocupación de la Contraloría se incrementa debido a los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y los que pudieran presentarse próximamente. Estos litigios podrían aumentar sustancialmente las cifras de compensación.
En otro frente, el proyecto de restauración del Canal del Dique, valorado en $4,43 billones, también enfrenta serios problemas. La construcción de las obras debería iniciar el 2 de diciembre de 2024, pero la Contraloría considera altamente improbable el cumplimiento de esta fecha. Además, es probable que el proyecto sufra retrasos significativos y mayores costos respecto a lo inicialmente previsto.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha reiterado al Ministerio de Transporte y a la ANI la importancia estratégica de este proyecto para la Nación. Ha señalado la necesidad de avanzar con el mismo y evitar una terminación anticipada del contrato, lo que obligaría a la ANI a pagar al concesionario hasta $350 mil millones sin recibir las obras previstas.
El proyecto enfrenta varios obstáculos adicionales. Desde la firma del contrato, han surgido siete Consultas Previas adicionales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha exigido ahora una Licencia Ambiental para todo el proyecto, a pesar de un concepto inicial en contrario. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho obligatoria la implementación de un Protocolo de sondeo y recuperación de víctimas a lo largo del Canal del Dique.
La Contraloría advirtió de estos riesgos durante el seguimiento realizado a la estructuración del proyecto. Sin embargo, la ANI decidió proceder con la adjudicación del contrato, argumentando que dichos riesgos estaban contemplados en el contrato de concesión.
Otro proyecto en problemas es la concesión de Autopistas del Caribe, que incluye el Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena, valorado en $6,75 billones. Este contrato de concesión vial de Iniciativa Privada debía pasar a la etapa de construcción en abril de 2023, pero sigue sin iniciar obras y presenta un alto riesgo de terminación anticipada.
Las dificultades con el funcionamiento de dos de las siete estaciones de peaje previstas, Turbaco (existente) y Arroyo de Piedra (nueva), han generado la activación de riesgos tarifarios con cargo a la Nación. La oposición de las comunidades de Turbaco y Luruaco a pagar las tarifas diferenciales de peaje propuestas por el concesionario y la ANI llevó al Gobierno Nacional a suspender temporalmente el cobro de peaje en Turbaco para los vehículos de las Categorías 1 y 2, y a posponer la construcción de la nueva caseta de peaje en Arroyo de Piedra.
Estos riesgos sociales ya materializados han generado compensaciones al concesionario cercanas a $153 mil millones. La Contraloría General advierte que, de no lograrse un buen acuerdo entre la ANI, el concesionario y las comunidades, en febrero de 2025 el contrato de concesión podría agotar sus recursos para el pago de compensaciones. Esto podría llevar a una liquidación anticipada del contrato, obligando a un pago adicional al concesionario de hasta $400 mil millones, sin haberse construido las obras previstas.
El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra ha solicitado al Ministerio de Transporte y a la ANI que, junto con el concesionario y las comunidades, gestionen lo necesario para encontrar una pronta y satisfactoria solución a esta problemática.
La situación actual de los proyectos de infraestructura vial en Colombia es preocupante. Las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, aunque bien intencionadas, han generado una serie de complicaciones económicas y legales que podrían tener un impacto significativo en el presupuesto del país. Es crucial que las autoridades competentes tomen medidas urgentes y efectivas para mitigar estos riesgos y asegurar el cumplimiento de los contratos de concesión.
