El gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Carrillo, se encuentra en el ojo del huracán tras la aceptación de una denuncia penal en su contra. El conflicto que ha desatado esta situación tiene sus raíces en un conflicto sindical dentro de la entidad. Según la demanda, desde que el alcalde Daniel Quintero asumió el cargo, ha habido una estigmatización hacia el sindicato Sinpro, al que se le acusa de tener conexiones con el Grupo Empresarial Antioqueño.
En una sesión del Consejo, Carrillo habría estigmatizado a la presidenta del sindicato Sinpro, alegando que era la única líder sindical que hablaba negativamente de EPM. Este hecho ha sido uno de los detonantes de la demanda presentada por Sinpro contra Carrillo, acusándolo de presunta persecución sindical. La demanda también se dirige contra Juliana Carolina Zapata, vicepresidenta del Empleado y Soluciones Organizacionales de EPM.
El conflicto se originó el 28 de abril de 2023, cuando se firmó un acta de acuerdo final de la negociación colectiva que otorgó a Sintraemsdes beneficios superiores a los de Sinpro. Este hecho supuestamente causó un desequilibrio en lo establecido en la cláusula 19 del acta de acuerdo final. Sinpro alega que se otorgaron “beneficios superiores” a Sintraemsdes que causaron un desequilibrio. Estos beneficios incluyen un aumento salarial, un bono por retiro de pensión de vejez e invalidez, un fondo de promoción a la vivienda, y un permiso remunerado por cumpleaños, entre otros.
La demanda de Sinpro contra Carrillo se originó en marzo de 2023, cuando Sinpro y Sintraemsdes firmaron el acta de acuerdo final de la negociación del pliego de peticiones. Según Sinpro, tanto desde la gerencia de EPM como desde la Alcaldía de Medellín, se habría llevado a cabo una persecución y estigmatización en su contra.
En respuesta a esta situación, Sinpro ha solicitado la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo entre Sinpro y EPM. El 9 de mayo, se envió una comunicación a Zapata solicitando la negociación de un acta extraconvencional. Sinpro alega que Carrillo y Zapata han llevado a cabo acciones que supuestamente apuntan a una persecución sindical, como el otorgamiento de beneficios a Sintraemsdes sin que este sindicato los haya solicitado, con el objetivo de debilitar a Sinpro.
La supuesta negativa a negociar ha llevado a una presunta “violación al derecho de asociación sindical”, según la demanda de Sinpro. Este conflicto sindical pone en evidencia la tensión existente entre los sindicatos y la dirección de EPM, y plantea serias preguntas sobre la gestión de las relaciones laborales en la entidad. La resolución de este conflicto será crucial para el futuro de las relaciones laborales en EPM y para la estabilidad de la entidad.
