El caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ha captado la atención internacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la complejidad de la investigación y el entramado de actores involucrados. El reciente fallo del Juzgado 4 Penal de Conocimiento de Cartagena, que condenó a Francisco Luis Correa Galeano a seis años y seis meses de prisión, marca un hito en este proceso judicial. Correa Galeano, señalado como el coordinador del homicidio, aceptó los cargos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado y amenazas contra servidor público, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
El asesinato de Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la Isla Barú, en Cartagena, conmocionó a la comunidad internacional. Pecci, conocido por su lucha contra el crimen organizado en Paraguay, fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel. La investigación reveló que Correa Galeano se reunió en Medellín con los demás implicados en el crimen, entregándoles celulares y un arma de fuego, la cual fue utilizada en el homicidio.
Durante la audiencia, el fiscal Mario Burgos detalló cómo Correa Galeano amenazó de muerte a la fiscal del caso, Mary Cruz Navarro, y al juez de control de garantías, José Luis Sepúlveda, tras su captura. Estas amenazas resultaron en cargos adicionales y en la reparación simbólica y económica de las víctimas. La aceptación de estos cargos por parte de Correa Galeano fue un paso crucial para la resolución del caso, aunque la sentencia de seis años y seis meses ha generado debate sobre la proporcionalidad del castigo.
El caso de Correa Galeano no es el único en este entramado judicial. Margareth Chacón, otra implicada, cumple una condena de 39 años por homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Otros condenados incluyen a Wendre Still Scott Carrillo, Cristian Camilo Monsalve, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta y Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza. La diversidad de sentencias y la cantidad de implicados reflejan la complejidad y la magnitud del crimen.
La Fiscalía de Paraguay, representada por Manuel Doldán, ha solicitado mayor celeridad en la investigación de los autores intelectuales del asesinato de Pecci. Doldán argumenta que las demoras se deben al cambio de fiscal en Colombia y a la falta de acceso al celular del fiscal asesinado, el cual fue incautado pero nunca abierto. Esta solicitud subraya la necesidad de una cooperación internacional más efectiva y de una mayor transparencia en el proceso investigativo.
El caso de Marcelo Pecci pone en evidencia varios problemas estructurales en los sistemas judiciales de la región. Por un lado, la capacidad de las autoridades para coordinar y llevar a cabo investigaciones complejas que involucran múltiples jurisdicciones. Por otro lado, la necesidad de proteger a los servidores públicos que, en el ejercicio de su deber, se convierten en blancos de amenazas y violencia. La reparación simbólica y económica a Mary Cruz Navarro y José Luis Sepúlveda es un paso en la dirección correcta, pero también resalta la vulnerabilidad de quienes trabajan en la administración de justicia.
La sentencia de Correa Galeano y las condenas de los otros implicados son avances significativos, pero no deben ser vistos como el final del camino. La identificación y captura de los autores intelectuales del crimen es crucial para desmantelar las redes criminales que operan en la región. Además, es fundamental que las autoridades colombianas y paraguayas continúen trabajando de manera conjunta para asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.
El asesinato de Marcelo Pecci es un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan aquellos que luchan contra el crimen organizado. La comunidad internacional debe prestar atención a este caso y apoyar los esfuerzos para fortalecer los sistemas judiciales y proteger a los servidores públicos. Solo a través de una cooperación efectiva y una justicia robusta se podrá garantizar que crímenes como este no queden impunes.
