En el corazón del sistema de salud colombiano, una noticia ha sacudido los cimientos de la confianza y la estabilidad: la Caja de Compensación Familia Compensar ha solicitado formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud la aprobación para retirar su programa, Compensar EPS, de manera total y voluntaria del Sistema de Seguridad Social en Salud. Esta solicitud, revelada en un comunicado en la mañana de un viernes reciente, destapa una serie de desafíos y preocupaciones que han estado burbujeando bajo la superficie del sistema de salud en Colombia.
La razón detrás de esta decisión sin precedentes es una compleja situación financiera que, según la compañía, ha llegado a un punto crítico, impidiendo garantizar el servicio a sus afiliados bajo los estándares de calidad y oportunidad que han caracterizado a Compensar. Con más de dos millones de afiliados, de los cuales 1.6 millones pertenecen al régimen contributivo, y con 272.489 planes complementarios, la magnitud de esta decisión no puede ser subestimada.
Carlos Mauricio Vásquez, director de la EPS, en una entrevista con la emisora La W, expresó la inviabilidad de continuar operando bajo las actuales circunstancias y subrayó la necesidad de una solución estructural al financiamiento del sistema de salud, un problema que, según él, afecta a todos los actores involucrados. La entidad ha anunciado que presentará un cronograma de conciliación de cuentas con su red de prestadores y proveedores de servicios de salud, asegurando estar al día con sus obligaciones hasta diciembre de 2022, lo que indica que la liquidación afectaría principalmente la operación de 2023.
Compensar, con 1.700 colaboradores, 3.800 IPS y 7.800 profesionales de la salud, y realizando 70 millones de actividades de salud por año, ha reafirmado su compromiso de trabajar por el bienestar integral de los colombianos, incluso mientras se prepara para retirarse del sistema de salud.
Este anuncio llega en un momento crítico para el sistema de salud colombiano, marcado por el hundimiento de una reforma a la salud en el Senado y la intervención a las dos EPS más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS. El Gobierno nacional ha reiterado su intención de insistir en la necesidad de reformar el sistema, mientras que otros actores, incluidas las EPS y los partidos políticos que votaron contra la iniciativa, reconocen la necesidad de cambios, aunque prefieren partir del sistema actual de aseguramiento.
La Corte Constitucional, en un esfuerzo por abordar uno de los temas más espinosos, la suficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), ha citado a todos los actores del sistema a una mesa técnica. La UPC es el dinero que el Estado gira a las EPS para garantizar el plan de beneficios en salud, y desde hace un año, gremios como Acemi y Gestarsalud han señalado que los fondos son insuficientes, lo que ha sido un punto de discordia con el Ministerio de Salud. La Corte ha señalado que la información utilizada por el Gobierno para establecer el aumento del valor de la UPC no era del todo confiable, lo que añade otra capa de complejidad al debate.
En julio de 2023, Compensar, junto con las EPS Sanitas y Sura, había enviado una carta al ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentando un panorama sombrío de la situación financiera del sistema de salud y destacando la necesidad urgente de abordar temas como la insuficiencia de la UPC, la redistribución equitativa de los recursos entre los actores responsables, y el pago de deudas de presupuestos máximos y recobros.
La decisión de Compensar de retirarse del sistema de salud es un claro indicador de las profundas fisuras y desafíos que enfrenta el sistema de salud en Colombia. Mientras el país se esfuerza por encontrar soluciones a estos problemas estructurales, la salud y el bienestar de millones de colombianos penden de un hilo, esperando acciones concretas y soluciones duraderas que puedan restaurar la confianza en un sistema que es vital para el bienestar de la nación.
