Un militar colombiano retirado fue condenado este viernes a cadena perpetua, en un tribunal de Miami (Florida), por participar en el plan del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio de 2021, un magnicidio que hundió al país caribeño en el caos. Este plan, que finalmente se convirtió en un asesinato, fue financiado por Rodolphe Jaar, el empresario haitiano-chileno que también ha sido condenado a cadena perpetua.
La empresa de seguridad, llamada CTU Security, fue contratada por Sanon para llevar a cabo el plan. Según la Fiscalía, Sanon pagó a la empresa más de 200.000 dólares para reclutar y entrenar a un grupo de mercenarios que llevarían a cabo el secuestro. Entre los reclutados estaba Germán Rivera, el militar colombiano retirado que ha sido condenado a cadena perpetua.
El plan inicial era secuestrar a Moise y llevarlo a un lugar seguro, donde sería reemplazado por Sanon. Sin embargo, el plan cambió en el último momento y los mercenarios decidieron asesinar a Moise en su residencia. Según la Fiscalía, Rivera fue uno de los líderes de este grupo de mercenarios y participó activamente en el asesinato.
El asesinato de Moise ha sumido a Haití en una profunda crisis política y social. El país caribeño ya estaba lidiando con una serie de problemas, incluyendo la pobreza extrema, la corrupción y la violencia. La muerte de Moise ha exacerbado estos problemas y ha dejado al país en un estado de caos.
El caso de Rivera es especialmente interesante porque pone de relieve la complejidad de la justicia internacional. Aunque el asesinato tuvo lugar en Haití, Rivera fue juzgado y condenado en Estados Unidos. Esto se debe a que el plan para asesinar a Moise se organizó, en parte, en Florida. Además, Rivera es ciudadano colombiano, lo que añade otra capa de complejidad al caso.
El juicio de Rivera también ha puesto de manifiesto la creciente influencia de las empresas de seguridad privadas en los conflictos internacionales. CTU Security, la empresa que contrató Sanon para llevar a cabo el plan, es solo una de las muchas empresas de seguridad privadas que operan en todo el mundo. Estas empresas a menudo operan en un vacío legal, lo que les permite participar en actividades que serían ilegales para los gobiernos.
El caso de Rivera es un ejemplo de cómo los conflictos internacionales pueden ser influenciados por actores no estatales, como las empresas de seguridad privadas. También muestra cómo la justicia internacional puede ser complicada por la participación de múltiples países en un solo caso. Finalmente, el caso de Rivera pone de relieve la gravedad de la crisis en Haití y la necesidad de una solución a largo plazo para los problemas del país.
