El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la implementación de un día cívico dedicado a incentivar el ahorro de energía eléctrica y el uso responsable del agua potable ha suscitado un amplio debate en Colombia. Esta medida, enmarcada dentro del Decreto 500 de 2024, busca no solo garantizar el suministro de estos recursos esenciales en el corto plazo sino también contribuir significativamente a la mitigación del estrés hídrico que enfrenta el país. Sin embargo, más allá de sus objetivos ambientales, la iniciativa plantea interrogantes sobre sus repercusiones en la dinámica laboral y social de la nación.
El día cívico, establecido para el tercer viernes de abril de cada año, no se considera un festivo tradicional. Su propósito es más bien fomentar la participación ciudadana en actividades que promuevan la conciencia sobre la importancia de preservar los recursos hídricos y energéticos. Durante esta jornada, las entidades públicas a nivel nacional del gobierno central pausarán sus operaciones regulares y la atención al público, permitiendo así una reflexión colectiva sobre el consumo responsable. No obstante, las entidades públicas de los gobiernos descentralizados y las instituciones privadas tienen la libertad de adherirse a la medida o de adaptar sus horarios laborales según lo consideren pertinente.
La decisión de implementar este día cívico surge en un momento crítico, donde el presidente Petro enfatiza la necesidad de “cuidar el agua, simplemente cuidar el agua”, como un acto de responsabilidad colectiva ante la posibilidad de enfrentar racionamientos debido a la escasez. Este llamado a la acción no solo resalta la urgencia de la situación sino que también invita a todos los sectores económicos y sociales del país a unirse en un esfuerzo común para prevenir y mitigar los efectos adversos de la crisis climática.
La invitación del Gobierno Nacional a participar activamente en campañas de ahorro de agua y energía, cerrando la llave y apagando la luz, es un recordatorio de que cada acción, por pequeña que sea, cuenta en la lucha contra el cambio climático. Esta medida, aunque puntual, se presenta como una oportunidad para que la sociedad colombiana reflexione sobre su papel en la preservación del medio ambiente y adopte hábitos más sostenibles en su vida cotidiana.
Sin embargo, la efectividad de esta iniciativa depende en gran medida de la respuesta y el compromiso de la población y de los diferentes sectores. La posibilidad de que entidades privadas y gobiernos locales se sumen voluntariamente a la medida plantea un desafío en términos de coordinación y participación. Por ello, es crucial que se realicen esfuerzos de sensibilización y educación que acompañen la implementación del día cívico, asegurando que la ciudadanía comprenda la importancia de su contribución individual y colectiva al ahorro de recursos.
La iniciativa del día cívico se perfila como un paso adelante en la construcción de una conciencia ambiental más robusta en Colombia, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas innovadoras y colectivas frente a los desafíos del cambio climático. La participación activa de todos los sectores de la sociedad será determinante para maximizar el impacto de esta medida y avanzar hacia un futuro más sostenible para el país.