El Gobierno de Colombia ha dado un paso significativo al destinar $1,5 billones de regalías para impulsar el desarrollo en La Guajira y otros territorios. Este esfuerzo busca saldar una deuda histórica con las regiones y transformar su productividad. Además, se han pactado 10 acuerdos estratégicos con las comunidades de La Guajira para consolidar una transición energética justa.
El Ministerio de Minas y Energía ha anunciado que estos recursos se distribuirán entre 208 municipios de 25 departamentos durante el periodo 2025-2026. Esta cifra supera lo entregado por incentivo a la producción en una década completa, según Edwin Palma, jefe de la cartera. La resolución que formaliza esta asignación está próxima a firmarse, pendiente de la autorización del Departamento Nacional de Planeación.
Palma ha enfatizado que estos recursos no solo incentivarán la producción, sino que también se centrarán en la transición energética. El objetivo es evitar que los fondos “se disuelvan en otras cosas”. Se priorizarán proyectos de energía limpia, como infraestructura solar, eólica e hídrica, así como techos solares para colegios, hospitales y espacios públicos. “Tengo la resolución lista, pero depende primero de una autorización del Departamento Nacional de Planeación”, afirmó Palma.
La Guajira ha sido seleccionada para recibir $96.298 millones, incluyendo recursos nuevos y saldos pendientes de 2023 y 2024. Los municipios estratégicos beneficiados son Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Hatonuevo, Manaure y Uribia. Esta región ha acumulado promesas de desarrollo con dineros de regalías que no se han materializado. Misael Arturo Velásquez Granadilla, secretario de Gobierno Departamental y gobernador encargado de La Guajira, celebró el apoyo del Gobierno y reiteró la disposición a trabajar para que esto se convierta en una realidad. El gobierno departamental ha propuesto mesas especiales para cofinanciar los proyectos, buscando pasar de intenciones a acciones concretas.
Este cambio en la destinación de recursos responde a modificaciones normativas del Acto Legislativo 04 de 2017 y la Ley 2056 de 2020. Estas normativas determinan que el 30% de los rendimientos financieros del Sistema General de Regalías (SGR) debe destinarse a incentivos productivos. Los criterios de asignación priorizan regiones afectadas por pobreza rural, economías ilegales, conflicto armado y debilidad institucional. La Guajira, lamentablemente, cumple estas condiciones. Con este impulso productivo se espera generar empleo local en sectores limpios. Sin embargo, aún se requiere el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, que podría concretarse en los próximos días.
En paralelo, el ministro Palma anunció 10 acuerdos logrados en el Comité Tripartito por la Transición Energética Justa (TEJ). Estos acuerdos serán elevados a rango de decreto en un plazo máximo de tres meses. Entre los compromisos más relevantes se destacan la elaboración de un lineamiento nacional de relacionamiento social con comunidades, que establecerá las reglas del juego para garantizar el respeto a los derechos colectivos. También se adoptará formalmente una figura jurídica para el Comité Tripartito, asegurando que las decisiones que allí se tomen tengan fuerza y seguimiento institucional.
Además, se crearán comisiones interinstitucionales por municipios, integradas por entidades del Estado, delegados de las empresas energéticas y representantes wayuu, para atender los conflictos más urgentes. Se prevé la gasificación rural para cerca de 5.000 nuevas conexiones, beneficiando a unas 20.000 personas. También se instalarán 800 módulos solares fotovoltaicos y se ejecutarán tres granjas solares de 1 megavatio (MW) cada una, ubicadas cerca de los parques eólicos JK4 y Windpeshi.
“Me comprometo a que en tres meses vamos a estar aquí con un borrador de ese decreto. Lo construiremos de forma conjunta y, si ese día ya está listo, lo publicaremos para comentarios. Queremos que ese instrumento tenga legitimidad social tripartita porque, si esto funciona, será ejemplo para otros sectores y ministerios”, aseguró Palma.
Este ambicioso plan no solo busca transformar la matriz energética de La Guajira, sino también sentar un precedente de colaboración entre el gobierno, las comunidades y el sector privado. La implementación efectiva de estos proyectos podría marcar un antes y un después en la historia de la región, ofreciendo un modelo replicable para otras áreas del país que enfrentan desafíos similares.
