En el panorama económico de Colombia, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se enfrenta a un desafío monumental. Este año, el Gobierno debe abordar un déficit de $16 billones, una cifra que refleja la complejidad de gestionar la volatilidad de los precios de los combustibles y su impacto en la economía nacional.
Desde octubre de 2022, los ciudadanos han sido testigos de más de 15 incrementos en el precio de la gasolina, una serie de ajustes que finalmente han alineado el costo local con la cotización internacional. Este esfuerzo, según el Ministerio de Minas y Energía, no requerirá incrementos adicionales en febrero. La trayectoria de estos aumentos es notable: el precio promedio del galón de gasolina se disparó de $9.259 a $15.160 en 15 meses.
El FEPC opera como un mecanismo que utiliza fondos públicos para subsidiar y, por ende, reducir el precio de la gasolina y el diésel. La estrategia del Gobierno, con incrementos mensuales que han oscilado entre los $400 y $600 por galón, busca reducir progresivamente estos subsidios. Aunque la medida ha recibido el respaldo de expertos y centros de pensamiento, persiste la necesidad de una estrategia más estructurada para solventar el déficit del FEPC.
La realidad es que, hasta ahora, los usuarios han disfrutado de precios inferiores a los del mercado internacional, una situación que ha tenido un costo significativo para la Nación. Un estudio de la Contraloría estima que el déficit del FEPC ha representado unos $100 billones a precios constantes de 2023. Eliminar los subsidios a los combustibles parece ser la opción más responsable desde el punto de vista fiscal, aunque también es una de las menos populares.
Mirando hacia el futuro, los precios de la gasolina en 2024 se moverán al ritmo del mercado internacional. Esto significa que cualquier variación en el precio del petróleo a nivel global se reflejará en el ingreso al productor y, por consiguiente, en el precio de venta al público en Colombia. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aclara que el ingreso al productor es un componente clave en la estructura del precio de la gasolina, ya que debe reflejar el precio de paridad de exportación.
Además, enero y febrero son meses clave para la revisión de los impuestos dentro del esquema tarifario de los combustibles. Aunque se anticipan alzas, estas serían menores a los ajustes previos realizados por el Gobierno.
El diésel, por otro lado, se encuentra en una situación distinta. Aunque los ajustes en la gasolina parecen haber concluido, el precio del diésel enfrenta un futuro incierto. El Gobierno mantiene la intención de incrementar su precio este año, a pesar de la oposición de los transportadores, quienes demandan una nueva fórmula para calcular su costo. De llevarse a cabo estos ajustes, el Ministerio de Hacienda proyecta que el déficit del FEPC podría reducirse a $10 billones para finales de 2024.
Este complejo escenario económico y social requiere de un análisis detallado y de estrategias bien fundamentadas para garantizar la estabilidad fiscal del país y minimizar el impacto en los consumidores. La gestión del FEPC y la política de precios de los combustibles seguirán siendo temas de gran relevancia en la agenda nacional.
