En un contexto de ajustes económicos y políticas de bienestar laboral, el Gobierno de Colombia ha dado un paso significativo al ratificar y modificar un decreto que incide directamente en la remuneración de ciertos empleados del Ministerio del Trabajo. Este movimiento, que se enmarca en la continuidad de políticas entre administraciones, refleja tanto la voluntad de mantener ciertas medidas de la gestión anterior como la intención de adaptarlas a las circunstancias actuales.
El decreto 2186 de 2023, expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública (Dapre), es una modificación del decreto 1175 del 28 de septiembre de 2021, que había sido implementado durante la administración de Iván Duque. El decreto original establecía una bonificación especial de compensación del 50 % del salario para funcionarios de distintos niveles del Ministerio del Trabajo en septiembre. Sin embargo, la actual administración de Gustavo Petro ha decidido mantener esta condición y, además, introducir un cambio significativo: un único pago adicional del 25 % para la vigencia de 2023.
Este ajuste en la política de bonificaciones se ha oficializado mediante un texto aprobado y firmado por figuras clave del gabinete actual, incluyendo a los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, así como el director de Función Pública, César Augusto Manrique. La medida no solo representa un reconocimiento a la labor de los empleados públicos, sino que también se perfila como un estímulo económico en un periodo donde las finanzas del país y de sus trabajadores enfrentan desafíos considerables.
La bonificación adicional del 25 %, que se espera sea consignada antes del 31 de diciembre de este año, está dirigida a los servidores públicos activos en la planta de personal a 30 de noviembre de 2023. Los beneficiarios incluyen a empleados de los niveles Asistencial, Técnico, Profesional y Asesor, siempre y cuando estos últimos pertenezcan a la carrera administrativa. Además, para ser elegibles, deben haber laborado por el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 31 de diciembre de 2023, o proporcional al tiempo efectivamente laborado durante este periodo.
Este decreto no solo tiene implicaciones económicas para los empleados del Ministerio del Trabajo, sino que también envía un mensaje político sobre la valoración del trabajo público y la continuidad de políticas que trascienden los cambios de gobierno. La decisión de mantener y modificar el decreto anterior refleja un enfoque pragmático que busca equilibrar la necesidad de estabilidad en la función pública con la adaptabilidad requerida por el contexto económico y social.
La implementación de esta medida requerirá una gestión financiera cuidadosa por parte del Gobierno, asegurando que los fondos estén disponibles y que el proceso de pago se realice de manera eficiente y transparente. Además, será importante monitorear el impacto de esta bonificación en la moral y productividad de los trabajadores, así como en la economía en general, para evaluar la efectividad de la política y realizar ajustes si es necesario en el futuro.
