En un giro reciente y significativo en la política colombiana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha tomado medidas decisivas al convocar a Ricardo Roa Barragán, el actual jefe de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de la Coalición del Pacto Histórico en 2022, para que brinde su declaración voluntaria. Esta acción se inscribe dentro de una indagación preliminar que busca esclarecer las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro, marcando un momento crucial en el escrutinio de las finanzas electorales en Colombia.
El 19 de febrero de 2024, mediante un Auto, el CNE estableció que Roa Barragán deberá presentarse el 26 de febrero de 2024, a las 02:30 p.m., en las instalaciones del Consejo. Este llamado no solo resalta la importancia de la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, sino que también subraya el papel de las autoridades electorales en la vigilancia y garantía de procesos democráticos limpios. Además, es importante mencionar que Roa ya enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría y ha declarado ante este ente en relación con el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente, por la presunta recepción de fondos no reportados durante la campaña de 2022.
Paralelamente, el CNE ha extendido su investigación a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI Real State S.A.S.), una empresa que prestó servicios de transporte aéreo a la coalición durante la campaña electoral. Se ha solicitado a SADI que, en un plazo de 10 días, entregue copias completas de las bitácoras de viaje, incluyendo la identificación de los pasajeros transportados entre enero y octubre de 2022. Este requerimiento surge en un contexto donde la relación entre la empresa y las campañas electorales del Pacto Histórico ha sido cuestionada, especialmente después de que Carlos Eduardo Restrepo Osorio, un piloto vinculado a SADI, admitiera cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
La colectividad del Pacto Histórico, por su parte, ha aclarado que durante la campaña se contrataron los servicios de SADI S.A.S, con domicilio en Bogotá D.C., para el transporte aéreo, y que en ningún momento se contrató directamente con un piloto particular. Esta aclaración busca distanciar la gestión de la campaña de cualquier implicación directa con individuos acusados de actividades ilícitas, enfatizando que se contrataron los servicios de una empresa legalmente constituida en el país.
Este conjunto de eventos pone de relieve la complejidad del financiamiento de las campañas políticas y la importancia de la vigilancia por parte de las autoridades competentes para asegurar la integridad de los procesos electorales. La convocatoria de Ricardo Roa Barragán y la investigación sobre los servicios prestados por SADI Real State S.A.S. son indicativos de los esfuerzos por mantener un sistema electoral transparente y justo en Colombia. A medida que estas investigaciones avanzan, será crucial observar cómo se abordan estas cuestiones y qué impacto tendrán en la confianza pública hacia las instituciones democráticas y los procesos electorales en el país.
