En el corazón de Medellín, un proyecto de vivienda se ha convertido en un símbolo de las complejidades y desafíos que enfrenta la gestión urbana en la actualidad. La Ciudad del Este etapa C, concebida como un faro de esperanza para 387 familias, se ha visto envuelta en una maraña de retrasos y controversias que han puesto a prueba la resiliencia y la paciencia de sus futuros habitantes. Este proyecto, que prometía ser un modelo de vivienda de interés prioritario, ha estado plagado de obstáculos desde su concepción en 2008 y su posterior estructuración en 2014.
Los retrasos han sido una constante, y a pesar de los esfuerzos de las dos últimas administraciones por sacar adelante la construcción de las dos torres de apartamentos en el sector Barrios de Jesús de Buenos Aires, las familias siguen esperando. La situación se ha vuelto aún más crítica tras un informe de auditoría de la Contraloría General de Medellín, que advierte sobre el riesgo de que las obras no se finalicen en el plazo estipulado, mayo de 2024, ni con los recursos asignados. Además, se han identificado dos hallazgos administrativos y dos disciplinarios que apuntan a posibles irregularidades en la ejecución del proyecto.
El Isvimed, encargado del proyecto, ha intentado dar un nuevo impulso a la obra con una inyección de recursos significativa. Sin embargo, la incertidumbre persiste en cuanto a cómo el desarrollador, la Unión Temporal Medellín, conformada por cuatro empresas constructoras, aportará la totalidad de los recursos que le corresponden. Esta incertidumbre se ve reflejada en el informe de la Contraloría, que pone en duda la viabilidad financiera del proyecto a pesar de los esfuerzos realizados.
La historia de Ciudad del Este es un relato de ambición y desafíos. Inició con la actualización de estudios de suelos y diseños urbanísticos, y la estructuración de costos que situaron el valor de los apartamentos en 70 salarios mínimos. Sin embargo, un desbalance en la estructuración financiera llevó a una suspensión de las obras en 2019, cuando el contratista se quedó sin recursos y las torres apenas alcanzaban un 85,9% de ejecución. Al recalcular los costos, el precio de venta de los apartamentos se elevó a 83,3 salarios mínimos, lo que en 2023 equivale a unos 96’670.920 pesos.
Para reactivar las obras, el Isvimed se convirtió en aportante del proyecto y destinó 11.970 millones de pesos para apalancamiento financiero, esperando que el desarrollador contribuyera con otros 1.133 millones de pesos. A pesar de que todos los apartamentos fueron vendidos inicialmente, la realidad es que se han presentado 61 desistimientos, lo que complica aún más el panorama.
Las familias afectadas se encuentran en una encrucijada. Muchas de ellas, como Johana Durango, una de las voceras, han firmado desde 2018 y otras desde 2014. La mayoría paga arriendo y existe una preocupación creciente por la posibilidad de tener que aportar más dinero del inicialmente previsto. Además, se enfrentan a la paradoja de no poder mejorar sus ingresos para no exceder el límite de 2 salarios mínimos requerido para acceder a los subsidios de vivienda.
La situación se complica aún más con la necesidad de contar con recursos adicionales para la escrituración y conexión a servicios públicos, que deben ser aportados por el desarrollador. Las familias ahora miran hacia el nuevo subsidio de Mi Casa Ya, del Ministerio de Vivienda, y esperan que el proyecto se incluya en las cajas de compensación para poder acceder a los ahorros programados.
La Contraloría General de Medellín ha puesto el dedo en la llaga con sus hallazgos administrativos y disciplinarios, que incluyen la falta de amortización total de anticipo en la construcción del puente de acceso y deficiencias en la supervisión por parte del Isvimed. La nueva administración, liderada por Valentina Aguilar, está revisando los expedientes para establecer un diagnóstico jurídico, técnico y financiero y atender los hallazgos de la Contraloría.
El proyecto Ciudad del Este etapa C es un microcosmos de los retos que enfrenta la gestión de vivienda social en Colombia. Las familias esperan con ansias la culminación de un proyecto que no solo les proporcionará un techo, sino también la dignidad y estabilidad que conlleva tener un hogar propio. La comunidad de Medellín y las autoridades pertinentes deben trabajar de la mano para asegurar que este proyecto no sea solo una promesa, sino una realidad tangible que refleje el compromiso con el bienestar social y el desarrollo urbano sostenible.
