La Oficina de Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Relaciones Exteriores ha formulado un pliego de cargos contra Armando Benedetti por abandono del cargo cuando era embajador en Venezuela. Según W Radio, el proceso se debe a que Benedetti, mientras estaba en funciones hasta junio de 2023, salió varias veces de Venezuela sin reportarlo a la Cancillería. Uno de los casos más notorios fue su viaje a Estados Unidos para la graduación de su hijo, lo que resultó en la revocación de su pasaporte diplomático por parte de ese país.
El pliego de cargos califica el abandono del cargo como una falta grave. Además, la Procuraduría podría asumir la investigación y tomar decisiones sobre el proceso. Benedetti ha defendido su posición, afirmando que durante sus ausencias solo recibió el 25 % de su salario.
Este no es el único proceso que enfrenta Benedetti. La Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Cancillería también está llevando a cabo una indagación preliminar por un presunto caso de violencia de género. El 30 de junio, medios como Blu Radio reportaron que Benedetti estuvo involucrado en un presunto caso de violencia verbal contra Adelina Guerrero en Madrid, España. La policía fue llamada, pero el embajador no fue detenido debido a su inmunidad diplomática.
Benedetti ha negado las acusaciones. En X, escribió: “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español”. Además, mencionó que está en proceso de divorcio y que, por el bien de sus hijos, será prudente.
El caso de Benedetti plantea varias cuestiones sobre la responsabilidad y la ética en el servicio diplomático. Por un lado, el abandono del cargo sin notificación a la Cancillería es una falta grave que puede afectar las relaciones internacionales y la imagen del país. Por otro lado, las acusaciones de violencia de género son igualmente serias y requieren una investigación exhaustiva.
La situación de Benedetti también pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público. Los diplomáticos, como representantes del país en el extranjero, tienen la responsabilidad de actuar con integridad y profesionalismo. Cualquier desviación de estas normas puede tener consecuencias graves tanto para el individuo como para la nación.
Además, el caso subraya la necesidad de mecanismos efectivos para supervisar y disciplinar a los funcionarios públicos. La intervención de la Procuraduría en el proceso de abandono del cargo es un paso en la dirección correcta, pero es crucial que las investigaciones sean llevadas a cabo de manera justa y transparente.
En cuanto a las acusaciones de violencia de género, es fundamental que se realice una investigación imparcial. La inmunidad diplomática no debe ser un escudo para evitar la rendición de cuentas. Las víctimas de violencia de género merecen justicia, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que se haga justicia.
El caso de Benedetti también plantea preguntas sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional de los diplomáticos. Si bien es comprensible que los funcionarios públicos tengan compromisos personales, es crucial que estos no interfieran con sus responsabilidades oficiales. La transparencia en la comunicación con la Cancillería y el cumplimiento de las normas establecidas son esenciales para mantener la confianza en el servicio diplomático.
