La Ley de Amnistía no ha tenido impacto alguno en la situación de los militares considerados presos políticos. Según datos disponibles, 191 efectivos permanecen detenidos en distintas instalaciones carcelarias del país. De ese total, 20 pertenecen a la Aviación Militar. Además, 79 son miembros del Ejército Nacional. Por otra parte, 11 provienen de la Armada. Finalmente, 81 pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana.
A este grupo no solo se le han negado los beneficios contemplados en la normativa. También se les ha impedido la aplicación de la propia amnistía prometida. Las familias y allegados denuncian además restricciones graves al derecho a la defensa. En numerosos casos, los militares detenidos no han podido contar con abogados privados. Mientras tanto, los defensores públicos asignados no tramitan las solicitudes correspondientes.
Las cifras oficiales solo reconocen la excarcelación de 17 militares hasta la fecha. Todos fueron liberados por cumplimiento de condena o por medidas humanitarias. Ninguno ha salido en libertad por aplicación de la Ley de Amnistía.
Un oficial consultado calificó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como “un fraude”. “Se habla de reconciliación y de paz, pero los colegas siguen secuestrados en las ergástulas de una estructura criminal”, afirmó bajo condición de anonimato. El militar prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.
En paralelo, familiares que durante años mantuvieron silencio han comenzado a hacer públicas las condiciones. Denuncian el estado de detención de algunos militares arrestados por causas políticas. A este grupo se han sumado también efectivos encarcelados por delitos no políticos. Sin embargo, según las denuncias, han sido víctimas de violaciones al debido proceso. También reportan torturas sistemáticas y denegación de justicia.
**Veinte detenidos de la Aviación Militar**
Dos generales de Brigada, cinco coroneles y un teniente coronel integran parte del grupo. También hay un mayor, cuatro capitanes y cuatro primeros tenientes. Completan la lista tres sargentos de distintos rangos.
Los dos generales de brigada que permanecen detenidos son Miguel Carmelo Sisco Mora y Jackson José Gutiérrez Strubinger. Este último era el Director de Mantenimiento y Desarrollo Aeronáutico de la Aviación Militar. Fue llamado a la Comandancia General de la Aviación el 29 de julio 2024. Allí fue detenido sin que hasta la fecha se haya celebrado juicio alguno.
Los coroneles detenidos son Miguel Castillo Cedeño, Eddy Jordán Azabache y José Alberto Trejo Castillo. También están presos José Lozano Mogollón y Jesús Reinaldo Landaeta Díaz. Se suma el teniente coronel Félix Enrique Jiménez. Asimismo, permanece detenido el Mayor Adrián Leonardo De Gouveia de Sosa.
Entre los capitanes figuran Marcos Daniel Bello Corona, Ronald Marrero y Nicolás Rodríguez. También está preso Yonathan de Jesús Colina.
Los primeros tenientes son Carlos Eduardo León Núñez, Anyi Azuaje Fernández y Juan Carlos Franco Moreno. Completa este grupo Rafael Colmenares Carrillo.
Los sargentos primero Juan Carlos Venturi Escobar y Ángel Orlando Perdomo Hurtado permanecen recluidos. También está detenido el S2 Gabriel Alejandro Jordán Padrón.
**Setenta y nueve militares del Ejército tras las rejas**
Un general, cuatro coroneles y once tenientes coroneles integran parte del contingente. También hay cuatro mayores, ocho capitanes y once primeros tenientes. Además, permanecen detenidos ocho tenientes y 32 sargentos de diversos rangos.
El único general tras las rejas es el Divisionario en retiro Tomás Enrique Martínez Macías. Su hijo fue excarcelado hace unos meses por razones humanitarias.
El coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez, oficial activo, está detenido junto con su esposa. Ambos fueron arrestados por la denominada Operación Brazalete Blanco.
El coronel Jhony Rafael Mejías Laya fue uno de los oficiales que sufrió mayores torturas físicas. Sigue padeciendo las psicológicas desde hace siete años sin interrupción.
El coronel Diego Bautista Espín Trini fue uno de los detenidos post elecciones del 28 de julio 2024. Era director del Liceo Militar Jáuregui, en La Grita del fronterizo estado Táchira. Fue arrestado por proteger las actas electorales del 28 de julio. Completa el cuadro de coroneles Carlos Ulises Hernández Rojas.
Entre los tenientes coroneles está Igbert José Marín Chaparro, quien se encuentra detenido desde el 2018. El general de división Jesús Suárez Chourio lo denunció de una supuesta conspiración. Fue acusado junto a un grupo de comandantes por requerir mejores condiciones para sus subalternos.
Completando el grupo de tenientes coroneles están Deibis Esteban Mota Marrero y Víctor Eduardo Soto Méndez. También permanecen presos Juan Carlos Peña Palmentieri, Freddy Alberto Mogollón Rojas y Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda. Igualmente están detenidos Durvis Enrique Melián Vargas, Manuel Alejandro Oria Arteaga y Jholmar Josué Cárdenas Camacho.
El caso del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos merece mención especial. Está desaparecido desde el 4 de septiembre 2018. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se lo llevaron del Palacio de Miraflores. Allí estaba encargado del parque de armas de la Guardia de Honor Presidencial. Nadie de su familia lo ha vuelto a ver desde entonces. Tampoco han recibido llamada alguna o fe de vida del oficial.
El teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y su hermano el mayor Guillermo Henry César Siero están detenidos. También permanece presa una cuñada, la mayor Diana Desireé Victoria Justo. Todos son oficiales activos y parte de la causa Brazalete Blanco.
Están también detenidos como mayores del Ejército Niuma Rafael Sequera Gómez y César Alejandro Girón.
Entre los capitanes está Ányelo Julio Heredia Gervasio, un oficial retirado que vivía en Estados Unidos. Fue detenido en diciembre 2023 en una trocha o paso irregular en la frontera. Fue presentado como máximo jefe de la Operación Brazalete Blanco.
Los otros capitanes del Ejército presos por causas políticas son Carlos Arturo Rosario Pimentel y Javier Moreno. También están detenidos Alfredo Saba Peña Díaz, Willians Andrés Rivas Jiménez y César Eliant Felipe Caraballo. Completan la lista Juan Luis Gutiérrez Aranguren y Carlos Anthony Peña Medina.
La primer teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez es una joven madre y oficial activa. Fue detenida por indagar sobre la entonces desaparición forzada de su esposo, el coronel Sánchez Vásquez.
Los otros primeros tenientes son Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez, Marcos David Insignare García y José Gregorio Montiel García. También están presos Johan José González, Carlos Eduardo Lozada Saavedra y Alberto José Salazar Cabañas. Igualmente permanecen detenidos Oswaldo José Gutiérrez Guevara, Jefferson Gabriel García Dos Ramos, Pedro Jiménez Luis y Raúl Eduardo Manzanilla Almao.
Los tenientes detenidos son Hugo Rainier Aparicio Cabeza, Yancelis Antón Farías y Eduardo José Pérez Amaya. También están presos Junior de Jesús Silva Herrera, José Ángel Barreno Cordones y Luis Manuel Paiva Soto. Completan este grupo Víctor Parra y Johana del Carmen Bermúdez Lugo.
Los sargentos mayores detenidos son Jairo Elí Villegas Moreno, Noel Ricardo Romero Lugo y Álvaro Martín Mestra Valecillos. También permanecen presos Jesús Alberto Colmenares Gallardo, Wilmer Oswaldo Salinas Sánchez y Charly Eleazar Castillo Álvarez.
Los sargentos primero detenidos son Abraham Josué Molina Valera, Víctor Alfonzo Perozo Durán y Francisco Javier Pacheco Pérez. También están presos Nelson Enrique Santiago Valecillos, Yusimar Elisneth Montilla Ortega y José Rafael Blanco Volcán. Igualmente permanecen detenidos Cristian Gregorio Estrada Estrada, Yurimar del Valle Rengel González y Rubén Augusto Bermúdez Oviedo. Completan la lista Juan Francisco Díaz Castillo, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero y Alexander Chávez Mogollón. También están presos Anthony José Reyes, Jecson Enrique Losada Matute, Carlos Enrique Conde Hurtado y Damián Mora. Asimismo permanece detenido Juan Carlos Bolívar Rodríguez.
Los sargentos segundos presos son Iriannis Valentina Mujica de Montesinos, Darwin Antonio Solís Benítez y Anderson José Pinto Tovar. También están detenidos Tony Adonis Guevara Bravo, Estewins Andrés Rojas Tapia, José Moreno Peñaloza y José Ruíz Delgado.
Desde Rubio, Táchira, familiares del sargento segundo José Antonio Moreno Peñaloza reclaman por su libertad. También exigen la liberación de los otros presos políticos militares y civiles.
**Once efectivos de la Armada Nacional**
Un capitán de fragata, cinco tenientes de navío y dos tenientes de fragata están detenidos. También permanecen presos un alférez de navío y dos sargentos.
El único capitán de fragata que está preso y fue condenado es Carlos Alí Piña Bastidas. Es oficial activo de la Armada y ocasionalmente prestaba servicios de transporte a la frontera. En marzo del 2022 trasladó desde territorio colombiano al estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore. Este pretendía reunirse con su pareja, la ingeniera Yasmina Guillarte Alarcón. Kenemore fue canjeado posteriormente y el resto de los civiles salió en libertad. Sin embargo, Piña Bastidas permanece detenido.
Los tenientes de navío presos son Rigoberto Pinzón Palencia, Elías José Noriega Manrique y Héctor Jesús Coronel. También están detenidos Jefferson Jhosue Díaz Mendoza y Yendri David Arguello Rodríguez.
Los tenientes de fragata son Nelson Zabaleta Fernández y Ángel Barrios Fuenmayor. El alférez de navío Hebert Alfonso Cambero Sequea también permanece preso.
El sargento mayor de tercera Eddie José Valladares Cáceres está detenido. También permanece preso el sargento segundo Roberto Andrés Rondón Restrepo.
**Ochenta y un miembros de la Guardia Nacional detenidos**
Por el componente Guardia Nacional Bolivariana hay dos generales, nueve coroneles y dos tenientes coroneles. También permanecen detenidos cuatro mayores, diez capitanes y tres primeros tenientes. Además hay un teniente y cincuenta sargentos de diversos rangos.
Cuando el general de brigada Ramón Lozada Saavedra fue detenido la última vez, estaba retirado. Había sufrido una serie de persecuciones, detenciones y desapariciones acompañadas de torturas. Hoy permanece encarcelado con graves problemas de salud en el Hospital Militar de Caracas.
El capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, jefe de la Operación David, está recluido en la cárcel Rodeo I. El sargento mayor de tercera Luis Alexander Bandres Figueroa comandó el alzamiento militar de la Guardia Nacional en Cotiza, Caracas.
El capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta permanece detenido junto a su esposa Yolimar Alemán Castellano. Ambos fueron arrestados en operativos relacionados con supuestas conspiraciones.
Las promesas de Delcy Eloína Rodríguez sobre la amnistía no llegan a los militares presos políticos. Los familiares continúan denunciando el abandono y la falta de atención a sus casos. Además, señalan que no existe voluntad política real para aplicar la ley aprobada.
Los militares detenidos enfrentan condiciones precarias en los centros de reclusión. Muchos padecen enfermedades crónicas sin recibir atención médica adecuada. Otros han sido víctimas de torturas físicas y psicológicas de manera sistemática. Las denuncias se acumulan sin que las autoridades tomen medidas efectivas.
Los defensores públicos asignados no presentan los recursos legales necesarios. Tampoco solicitan la aplicación de los beneficios contemplados en la ley. Esto deja a los detenidos en total indefensión ante el sistema judicial.
Las familias han comenzado a organizarse para visibilizar la situación de sus seres queridos. Realizan protestas pacíficas y denuncias en redes sociales. Sin embargo, enfrentan amenazas y hostigamiento por parte de organismos de seguridad.
La situación de los militares presos políticos refleja la crisis del sistema de justicia venezolano. También evidencia la ausencia de garantías procesales para quienes son señalados de delitos políticos. La Ley de Amnistía, presentada como un instrumento de reconciliación, no ha cumplido su propósito. Por el contrario, ha generado falsas expectativas entre los detenidos y sus familias.
Los casos documentados muestran un patrón de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Muchos militares fueron arrestados sin orden judicial o bajo acusaciones sin fundamento probatorio. Otros permanecen detenidos años después sin que se haya celebrado juicio alguno.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de torturas y tratos crueles. Sin embargo, las autoridades venezolanas niegan estas denuncias y mantienen su política represiva.
Los 191 militares detenidos representan solo una parte del universo de presos políticos en el país. A ellos se suman centenares de civiles arrestados por razones similares. Todos
