En la ciudad de Aguascalientes, corazón del país, la comunidad LGBTIQ+ y el ámbito de la justicia electoral se encuentran conmocionados tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Jesús Ociel Baena, magistrade y activista, y Dorian Daniel N. La fiscalía del estado, en un comunicado, ha confirmado este suceso que ha sacudido los cimientos de la sociedad por su brutalidad y las implicaciones que conlleva.
Jesús Ociel, de 38 años, era una figura prominente en la lucha por los derechos de las personas no binarias, aquellas que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. Su compromiso con la causa se reflejaba en su vida personal y profesional, siendo pionere en la inclusión de la identidad no binaria en documentos oficiales en México. En julio, Baena había denunciado recibir “múltiples ataques” y “amenazas de muerte” en redes sociales, lo que llevó a las autoridades a otorgarle medidas de protección.
La trascendencia de su figura se hizo aún más notable en octubre de 2022, cuando Baena se convirtió en la primera persona no binaria en ocupar una magistratura electoral en México, específicamente en el estado de Aguascalientes. Este hecho no solo fue un hito en su carrera sino también un avance significativo en la representación de la diversidad sexual en espacios de poder y decisión.
La escena del crimen, descrita por la fiscalía, no mostraba indicios de la presencia de una tercera persona en la vivienda, lo que añade un velo de misterio al caso. Además, se encontró un instrumento cortante en manos de uno de los cuerpos, detalle que la fiscalía no ha vinculado aún a ninguna de las víctimas de manera definitiva. Los trabajos de medicina forense están en curso para determinar la mecánica y la causa de muerte de Baena y Dorian Daniel.
Este suceso no solo es una tragedia por la pérdida de vidas humanas sino también por el impacto que tiene en la lucha por los derechos de las personas no binarias y la comunidad LGBTIQ+ en general. La muerte de Baena, en particular, representa un retroceso en los esfuerzos por una sociedad más inclusiva y tolerante. La violencia contra activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+ es un problema persistente en México y en muchas otras partes del mundo.
La investigación en curso deberá esclarecer si las amenazas previamente denunciadas por Baena están relacionadas con su muerte. La comunidad y los defensores de los derechos humanos exigen justicia y una investigación exhaustiva que no deje piedra sin mover. La sociedad mexicana, y en particular la comunidad LGBTIQ+, espera que este caso no se convierta en uno más de los muchos que quedan en la impunidad.
La vida de Jesús Ociel Baena fue un testimonio de valentía y un llamado a la aceptación de la diversidad. Su legado, aunque truncado de manera trágica, sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que luchan por un mundo donde la identidad de cada persona sea respetada y celebrada. La justicia para Baena y Dorian Daniel es imperativa, y su búsqueda debe ser diligente y meticulosa.
La comunidad internacional observa atentamente cómo las autoridades mexicanas manejan este caso, que tiene el potencial de convertirse en un referente en la protección de los derechos de las personas no binarias y LGBTIQ+. La resolución de este crimen no solo es crucial para los afectados directamente, sino que también es un indicador del compromiso del Estado con la protección de sus ciudadanos más vulnerables.
La muerte de Baena y Dorian Daniel es un recordatorio sombrío de que, a pesar de los avances en materia de derechos humanos, aún queda un largo camino por recorrer. La lucha contra la discriminación y la violencia basada en la identidad de género y la orientación sexual debe continuar con renovado vigor, y la memoria de Baena debe inspirar a la sociedad a perseguir un futuro más justo e igualitario. La esperanza es que este trágico evento no sea en vano y que, en última instancia, contribuya a un cambio positivo en la sociedad.
