El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, se encuentra en medio de un escándalo judicial. En 2019, presuntamente alertó a miembros del poderoso clan Gnecco en el departamento del Cesar, que varios teléfonos de esa familia estaban siendo interceptados en el marco de una investigación por presunta compra de votos. Esta información, que era de carácter reservado, fue revelada por el medio Noticias Caracol en una de sus emisiones.
El 14 de mayo de 2019, el magistrado Farfán ordenó la interceptación de ocho líneas telefónicas, cinco de las cuales pertenecen al clan Gnecco. La orden estaba dirigida contra el actual senador José Alfredo Gnecco Zuleta, quien había sido denunciado por presunta compra de votos para las elecciones de 2018. También estaban implicados Cielo Gnecco, hoy prófuga de la justicia; Luis Alberto Monsalvo Ramírez, José Jorge Monsalvo y Luis Alberto Monsalvo.
Sin embargo, 21 días después de iniciadas las interceptaciones, el informe periodístico revela que el magistrado Farfán presuntamente alertó a miembros de esa familia sobre lo que estaba sucediendo. Una llamada entre Cielo Gnecco y José Alfredo Gnecco parece confirmar esto. “José, es que Francisco Farfán, con una Play mandó un mensaje que te dijera, de que el teléfono al tuyo te están copiando todo, que para ver si lo cambiabas”, dice Cielo Gnecco, según se consigna en un informe de interceptación de la Fiscalía.
En 2022, la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación en contra del senador José Alfredo Gnecco por esta supuesta compra de votos al no encontrar pruebas suficientes. Sin embargo, sigue siendo investigado por el supuesto pago de $150 millones al exfiscal Luis Gustavo Moreno para que en su momento favoreciera y dilatara un proceso que por la época se seguía en la Sala de Casación Penal en contra de su papá, Lucas Segundo Gnecco Cerchar, exgobernador del Cesar.
Otra de las protagonistas de esta llamada es Cielo Gnecco, conocida como la cacica de la política del departamento del Cesar. Recientemente, se emitió una orden de captura en su contra por estar aparentemente involucrada en el secuestro y asesinato de dos personas en ese departamento en 2002, supuestamente por órdenes suyas.
El caso tiene su origen en unas declaraciones que entregó Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según Gabino, en 2002 Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza, quienes eran contratistas de la Gobernación del Cesar, fueron secuestrados por orden de David Hernández Rojas alias 39, por petición de Cielo Gnecco.
El testimonio de Gabino indica que el secuestro tenía como objetivo obligar a los dos contratistas a pagar 2.500 millones de pesos como parte de una comisión por su trabajo. Sin embargo, como no lo hicieron, se ordenó que los asesinaran, orden que se cumplió el 8 de noviembre de 2002. Según fuentes de la Fiscalía, esta orden de captura aún no se ha podido materializar.
Este escándalo judicial pone en evidencia la presunta corrupción y abuso de poder en las altas esferas de la política colombiana. La presunta filtración de información reservada y la supuesta compra de votos son graves acusaciones que deben ser investigadas a fondo. La justicia debe actuar con firmeza y transparencia para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.
La presunta implicación de Cielo Gnecco en el secuestro y asesinato de dos personas añade una capa más de complejidad a este caso. Si se confirman estas acusaciones, estaríamos ante un claro ejemplo de cómo el poder político puede ser utilizado para cometer graves violaciones a los derechos humanos.
Este caso también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en las instituciones judiciales. La presunta filtración de información reservada por parte de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es un hecho que debe ser investigado a fondo y sancionado de manera ejemplar.
