Ocho militares, al igual que Montoya, están siendo investigados por la JEP por su presunta participación en los falsos positivos. Según la magistrada de la JEP a cargo, estos militares habrían participado en la implementación de una política que privilegiaba la presentación de muertos como factor de éxito en la guerra contra las FARC.
La magistrada Díaz Gómez explicó que esta política, implementada por Montoya y otros altos mandos militares, consistía en presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate. Esta práctica, conocida como “falsos positivos”, se llevó a cabo con el objetivo de mostrar estadísticamente que se estaba ganando la guerra en el oriente antioqueño.
La magistrada también señaló que muchos de los civiles presentados como guerrilleros eran en realidad campesinos del territorio que habían sido señalados por paramilitares como auxiliadores de la guerrilla, o personas que fueron reclutadas y engañadas traídas desde Medellín. Entre estos se encontraban habitantes de calle y trabajadores informales de la central mayorista de abastos.
En cuanto a la responsabilidad de los altos mandos del gobierno en estas operaciones, la magistrada de la JEP aseguró que se investigará si realmente le cae la responsabilidad a mandos militares superiores a Montoya y también a los civiles que estaban a cargo de la política en esa época.
La magistrada Díaz Gómez afirmó que ya se ha establecido un marco muy robusto, documental de la política, y que se han estudiado las leyes, los decretos y los reportes de Mindefensa. Sin embargo, aún falta averiguar qué hicieron los mandos civiles para prevenir que este fenómeno continuara ocurriendo.
Además del general Montoya, hay otros 8 uniformados que están siendo investigados por 130 casos de falsos positivos. Según la magistrada, estos casos han sido esclarecidos, 81 a partir de confesiones y los restantes 49 están en proceso de investigación.
Este caso de los falsos positivos es uno de los más graves y emblemáticos de la guerra en Colombia. La investigación de la JEP es fundamental para esclarecer la verdad y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. La sociedad colombiana espera que se haga justicia y que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia.
