El paro camionero que paralizó al país hace dos meses dejó al descubierto problemas estructurales en el sector del transporte de carga. Desde entonces, el Ministerio de Transporte ha trabajado arduamente para cumplir con los compromisos que pusieron fin a la protesta. La ministra de Transporte, María Constanza García, ha liderado este proceso, asegurando que las medidas adoptadas sean bien recibidas por el gremio.
En un esfuerzo por fortalecer el sistema de transporte, se han llevado a cabo dos ciclos de trabajo que incluyeron 13 mesas de diálogo con los gremios. Estos encuentros han resultado en la expedición de un decreto y dos resoluciones. El objetivo es mejorar las transacciones de carga y asegurar un control más efectivo a través de la Superintendencia de Transporte.
Una de las medidas más significativas es la modificación del Decreto 1079 de 2015. Este cambio busca facilitar la reposición de vehículos de carga de más de 7,5 toneladas. Además, se pretende simplificar la conformación de empresas de propietarios con más de tres vehículos. Para ello, se reducirá el patrimonio necesario de 1.000 a 250 salarios mínimos legales vigentes. Esta medida busca incentivar la formalización y el crecimiento de pequeñas empresas en el sector.
El sistema de fletes, conocido como SICETAC, también ha sido objeto de revisión. Se implementará un sistema de rastreo de pagos para garantizar un control efectivo. Este punto es crucial, ya que el sistema había sido criticado por permitir negociaciones de fletes por debajo de los precios reales. La ministra García enfatizó que el nuevo sistema establecerá un precio obligatorio que las empresas deben reconocer a los propietarios. Esto busca evitar pagos injustos y asegurar una remuneración adecuada para los transportadores.
Durante las mesas de trabajo, se identificó un problema de concentración de volquetas en ciertas empresas constructoras. Esta situación genera una sobreoferta en el sector, afectando las relaciones económicas entre los actores. La ministra García ha destacado la importancia de abordar este problema para equilibrar el mercado.
Otro aspecto crítico es la revisión de la fórmula que establece los precios del diésel. En colaboración con los ministerios de Hacienda y Minas, se ha acordado que no habrá nuevos incrementos hasta corregir las problemáticas señaladas por los transportadores. Sin embargo, se ha establecido una única alza en el combustible de $800, que se implementará de manera progresiva. Este aumento se dividirá en dos partes: $400 tras la modificación de la resolución y otros $400 a partir del primero de diciembre.
La reforma laboral también ha sido un tema central en las negociaciones. Liderada por el Ministerio de Trabajo, esta reforma busca proteger los derechos laborales de los trabajadores del sector. Uno de los puntos clave es el acceso a pensiones, un tema que ha sido prioritario en las discusiones.
El Ministerio de Transporte ha abierto un periodo para recibir observaciones sobre las medidas adoptadas hasta el 5 de noviembre. Estas observaciones serán fundamentales para preparar un tercer ciclo de conversaciones. El objetivo es analizar y considerar los comentarios del sector para seguir mejorando las condiciones del transporte de mercancías.
Estas medidas, según el Ministerio, buscan establecer un equilibrio más justo en las relaciones económicas del sector. La intención es distribuir de manera más uniforme las condiciones, costos y beneficios entre todas las partes involucradas. La ministra García ha expresado su compromiso de seguir trabajando en conjunto con los gremios para asegurar un futuro más prometedor para el transporte de carga en el país.
