La protesta de los jubilados argentinos frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la dignidad y los derechos de los pensionistas. Esta manifestación, que se realiza habitualmente los miércoles frente al Congreso, tuvo un motivo especial esta vez: el anunciado veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley aprobado el 22 de agosto para la actualización de las pensiones.
Los jubilados, acompañados por manifestantes de diversas organizaciones sociales y políticas, se concentraron frente al Congreso Nacional. Esta protesta semanal busca visibilizar la difícil situación socioeconómica que enfrentan. Sin embargo, antes de marchar hacia la icónica Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del Gobierno, fueron reprimidos por la policía. Los efectivos utilizaron gas pimienta y golpearon con porras a varios manifestantes, incluyendo a informadores que cubrían la marcha.
La represión se debió al corte parcial de una importante avenida y al rechazo de los manifestantes a acatar la orden de regresar a la acera. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, implementó desde diciembre de 2023 un protocolo antipiquetes que permite el uso de la fuerza en estos casos. Este protocolo fue aplicado durante la protesta, resultando en escenas de violencia que indignaron a muchos.
El proyecto de ley vetado por Milei establece una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones. Esta fórmula combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %. La medida fue aprobada por amplia mayoría en el Senado, lo que refleja el consenso sobre la necesidad de mejorar las condiciones de los jubilados.
Georgina, una jubilada que trabajó como docente, expresó su frustración a EFE. Según ella, tanto el gobierno del peronista Alberto Fernández como el del libertario Milei han ajustado principalmente con las jubilaciones. Los más afectados son los jubilados de la mínima, quienes no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos. Georgina calificó la situación como una crueldad explícita del Gobierno y destacó la importancia de manifestarse para denunciar y pelear por sus derechos.
Francisco Muzzupappa, otro pensionista que trabajó como fotógrafo, también compartió su descontento. Señaló que los jubilados siempre han estado rezagados y en malas condiciones. Protestó por las dificultades para acceder a una vivienda digna con el dinero de una jubilación. Francisco se opone al veto del presidente, ya que considera que la ley vetada sería una mejora significativa para los jubilados.
Durante la movilización, varias pancartas en contra del Gobierno y sus políticas económicas se hicieron visibles. Graciela Romero, integrante del grupo feminista Liderar Mujer, escritora y psicóloga social, también expresó su opinión. Afirmó que el presidente Milei actúa como si fuera el dueño de una estancia y no entiende de democracia. Graciela, jubilada hace 10 años, confesó que sigue activa porque no le alcanza el dinero y porque le gusta su trabajo. Sin embargo, lamentó que están perdiendo el derecho a vivir como desean.
A pesar de los altercados iniciales, la marcha a Plaza de Mayo se desarrolló con normalidad y reunió a unas 2.500 personas, rodeadas de un fuerte operativo policial. El presidente Milei tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria aprobada. Según el Gobierno, esta reforma implicaría un gasto del 1,2 % del PBI.
Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de ajuste del Ejecutivo de Milei, implementado desde que asumió el 10 de diciembre pasado. Aunque en marzo el mandatario actualizó por decreto las pensiones basándose en la inflación, no utilizó la fórmula que regía desde 2021. Con una inflación del 263,4 % interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65 % de sus 6,5 millones de jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los 305 dólares mensuales, al tipo de cambio oficial. Esto representa un 82 % del salario mínimo legal del país.
Tras el anuncio del veto, el Gobierno informó que llevará a cabo una actualización por decreto de las pensiones de un 4 % en septiembre. Esto llevaría el haber mínimo a 314 dólares. Sin embargo, esta medida es vista por muchos como insuficiente para enfrentar la crisis económica que afecta a los jubilados.
La situación de los jubilados en Argentina es un reflejo de las profundas desigualdades y desafíos económicos que enfrenta el país. La lucha por una jubilación digna continúa, y las voces de los pensionistas resuenan con fuerza en las calles y en los medios de comunicación. La respuesta del Gobierno y las futuras acciones de los jubilados serán determinantes para el desarrollo de esta compleja situación social.
