El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Juan Carlos Delpino Boscán, ha lanzado una grave acusación sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. En una publicación en la red social X, Delpino Boscán denunció “irregularidades” y una “pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados”, que dieron la reelección a Nicolás Maduro. Según Delpino Boscán, hubo un “incumplimiento de normas y reglamentos esenciales”, incluyendo incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas. Esto, según él, violó los principios de equidad y los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación.
En su comunicado, Delpino Boscán explicó que los protocolos establecían que la transmisión de resultados se hiciera justo después de cerrar las mesas electorales. Sin embargo, esta transmisión se vio interrumpida y “justificada por un presunto hackeo”. Además, mencionó el “desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los data center de los comandos, y la falta de solución efectiva al presunto hackeo” como irregularidades que le motivaron a “no subir a la sala de totalizaciones”. Esto, según él, le impide contar con “la evidencia que respalda los resultados anunciados”.
Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González criticó la citación de la Fiscalía de Venezuela, en el marco de una investigación por la supuesta comisión de varios delitos, al considerarla “sin garantías de independencia y del debido proceso”. En una declaración grabada en vídeo y difundida en redes sociales, González dijo que el Ministerio Público no ha precisado “en qué condición se espera que comparezca” en la citación, programada para las 10:00 de este lunes. González no aclaró si acudirá. “El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político”, dijo González de Tarek William Saab. Añadió que, en sus funciones al frente del Ministerio Público, “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”. En este escenario, se le acusa, entre otras cosas, de conspiración y de instigar a la desobediencia al impugnar los resultados de las elecciones.
Interpelando al presidente Maduro, González añadió que “la solución no está en la represión” y reclamó nuevamente “la verificación internacional, independiente y confiable” de las actas del escrutinio de los votos emitidos durante la jornada electoral. “No puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución”, afirmó. González hizo estas declaraciones en referencia a la ratificación la semana pasada por parte del Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. En representación de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, González reiteró sus peticiones de transparencia a Maduro al exigirle nuevamente la presentación de las actas. Indicó que su grupo mostrará los ejemplares con los que cuentan y buscarán impulsar “fórmulas” para “canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos”.
Mientras tanto, las reacciones internacionales siguen sucediéndose. El sábado, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo que Maduro aún “no ha aportado las pruebas públicas necesarias” para demostrar que fue el ganador de las elecciones de julio. La UE se unió a numerosos países latinoamericanos y a Estados Unidos en su rechazo a la certificación anunciada por el alto tribunal venezolano. “Solo se aceptarán y reconocerán los resultados completos y verificables de forma independiente”, dijo Borrell en un comunicado. Se unió a un creciente coro de voces internacionales que presionan para que Maduro publique las actas oficiales de las elecciones, consideradas el único recuento de votos verificable en Venezuela, ya que son casi imposibles de reproducir.
Los comentarios de Borrell el sábado se sumaron a los de los líderes de Brasil y Colombia, quienes también exigieron la presentación de las actas. Dijeron que “la credibilidad del proceso electoral solo puede restaurarse mediante la publicación transparente de datos desagregados y verificables”. Aunque el comunicado conjunto del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no llegó al extremo de rechazar la certificación del Tribunal Supremo. La expectación era máxima para ver cómo responderían los dos líderes de izquierda ante la decisión del alto tribunal, dado que ambos son aliados cercanos de Maduro y han estado trabajando para facilitar las conversaciones con las partes implicadas. Maduro afirma que ganó la votación presidencial, pero hasta ahora se ha negado a publicar los resultados. Mientras tanto, la principal coalición opositora ha acusado al presidente venezolano de intentar robar los votos.
El Gobierno venezolano rechazó las declaraciones de Borrell, calificándolas de “intervencionistas”. Su Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado el sábado que la “continua falta de respeto” a la soberanía de Venezuela por parte de la UE podría “afectar considerablemente las relaciones diplomáticas, políticas y económicas”. Lula y Petro señalaron que “toman nota” del fallo de la corte, pero agregaron que todavía están esperando la publicación de los resultados. Los mandatarios de Brasil y Colombia también pidieron a los actores en Venezuela que “eviten recurrir a actos de violencia y represión” después de que las fuerzas de seguridad arrestaran a más de 2.000 personas y reprimieran las manifestaciones que estallaron espontáneamente en todo el país en protesta por los resultados. Pero ninguno de los dos líderes acusó directamente al Gobierno de Maduro de llevar a cabo actos violentos.
Los voluntarios de la oposición lograron recolectar copias de los resultados de las votaciones del 80% de las 30.000 mesas de votación en todo el país. Dicen que muestran que Edmundo González ganó por un margen de más de 2 a 1. El Tribunal Supremo y otras entidades gubernamentales afirmaron que esos resultados fueron falsificados.
En este contexto, la situación en Venezuela sigue siendo tensa y compleja. La denuncia de irregularidades por parte del rector principal del CNE, Juan Carlos Delpino Boscán, y las críticas de la oposición y la comunidad internacional, han puesto en entredicho la legitimidad de las elecciones presidenciales. La falta de transparencia y la negativa del Gobierno de Maduro a publicar las actas oficiales han generado una crisis de confianza en el proceso electoral. La comunidad internacional, liderada por la UE, Brasil y Colombia, ha exigido la publicación de los resultados completos y verificables de forma independiente. Mientras tanto, la oposición venezolana sigue luchando por la transparencia y la justicia en el proceso electoral, en medio de un clima de represión y violencia.
