Durante los días 8, 9 y 10 de agosto, Neiva (Huila) se convierte en el epicentro de una audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En este evento, 74 exmilitares admitieron haber asesinado a personas inocentes para presentarlas como bajas en combate, en lo que se conoce como “falsos positivos”. Este acto de reconocimiento es un paso crucial en el caso 03 de la JEP, que investiga estos crímenes de lesa humanidad.
El primer día de la audiencia, el 8 de agosto, se inició con la presencia de más de 140 víctimas, quienes escucharon las confesiones de los exmilitares. Entre los 74 comparecientes, al menos 28 son considerados máximos responsables y podrían recibir sanciones de hasta ocho años, bajo un componente restaurativo de la Jurisdicción. Los otros 46 exmilitares podrán resolver su situación jurídica mediante la Ruta No Sancionatoria, un mecanismo para aquellos que no tuvieron un papel determinante en la comisión de los delitos.
Yenny Gutiérrez, hermana de Diego Andrés Molina, asesinado el 20 de agosto de 2007 en Garzón (Huila), fue una de las primeras en tomar la palabra. “Nuestros seres queridos no son una cifra, eran mucho más. Eran seres humanos vibrantes, llenos de sueños y muchas esperanzas que, en un instante, sufrieron la amarga injusticia de ser despojados de lo más preciado que podemos tener: la vida y la dignidad”, expresó con voz firme. Gutiérrez también hizo un llamado a los exmilitares para que aporten la verdad completa sobre lo sucedido.
Otro testimonio conmovedor fue el de Luz Mery Martínez Rodríguez, hermana de Jaime Martínez Rodríguez, asesinado el 8 de octubre de 2007 en San Agustín (Huila). “Mi hermano era un hombre muy trabajador, inteligente, responsable, amoroso, buen amigo y compañero (…) Hoy estamos acá sacando a la luz la verdad que Colombia está atenta a escuchar. ¿Por qué involucraron a civiles en estos crímenes, acabando con vidas y rompiendo familias y comunidades?”, cuestionó Martínez a los exmilitares. Su relato incluyó detalles desgarradores sobre cómo su hermano fue sacado de su casa mientras cenaba con su madre, para nunca regresar.
Amparo Ortiz Sepúlveda, hermana de Ovidio Ortiz Sepúlveda, asesinado el 6 de enero de 2007 por tropas del batallón ‘Cacique Pigoanza’, también expresó su dolor y escepticismo. “¿Ustedes sintieron compasión alguna vez? Antes de actuar, ¿sintieron algo? ¿No analizaron todos los daños que nos iban a hacer al quitarnos a nuestros seres queridos?”, preguntó Ortiz Sepúlveda a los exuniformados, reflejando la desconfianza de muchas víctimas hacia los comparecientes.
El turno de los exmilitares llegó después de escuchar a las víctimas. El coronel (r) Carlos Yair Salamanca Robles, excomandante del batallón ‘Cacique Pigoanza’, fue uno de los primeros en hablar. “Reconozco mi responsabilidad ante las víctimas porque ordené a mis subalternos realizar estos actos delictivos que dieron lugar al homicidio de civiles indefensos para que fueran presentados como muertes en combate (…) Quiero dejar claro ante este auditorio, ante el departamento de Huila, ante Colombia y ante el mundo, que estas personas en ningún momento pertenecieron a grupos al margen de la ley. Por el contrario, eran personas inocentes, humildes, trabajadoras”, aceptó Salamanca.
Jairo Alberto Rico Silva, subteniente del batallón ‘Cacique Pigoanza’, también asumió su responsabilidad. “Asumo la responsabilidad por haber asesinado y haber encubierto el asesinato de personas inocentes en estado de indefensión, presentándolas como guerrilleras. Gente que no tenía nada que ver con el conflicto armado”, confesó Rico. A pesar de su admisión, la JEP no lo seleccionó como máximo responsable, por lo que podrá seguir su ruta jurídica a través de la Ruta No Sancionatoria.
La audiencia continuó el 9 de agosto y finalizará el 10 de agosto. Se espera que los comparecientes sigan en la ruta del reconocimiento de los hechos que más de 100 víctimas acreditadas han solicitado. Estas víctimas buscan saber qué pasó con sus seres queridos durante las décadas de conflicto armado, especialmente entre el 2000 y 2010, cuando esta práctica alcanzó su punto más álgido.
La audiencia en Neiva es un reflejo de la complejidad y el dolor que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Las confesiones de los exmilitares y los testimonios de las víctimas son un recordatorio de la necesidad de verdad y justicia. La JEP tiene la tarea monumental de equilibrar la justicia restaurativa con la necesidad de sancionar a los responsables. Este proceso es un paso hacia la reconciliación, pero también un recordatorio de las heridas profundas que aún necesitan sanar.
