La Universidad Nacional de Colombia se encuentra en medio de una controversia que ha captado la atención de la comunidad académica y del país. La designación del rector para el período 2024-2027 ha sido un proceso lleno de giros inesperados y disputas legales. El más reciente capítulo de esta saga involucra al Consejo de Estado, que ha admitido una demanda interpuesta por Leopoldo Múnera y los abogados Alberto Yepes y Rodrigo Uprimny contra la designación de José Ismael Peña como rector.
La demanda presentada por Múnera y sus abogados solicitaba la anulación de la designación de Peña y su suspensión provisional. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esta última petición. La razón es que Peña no se encuentra actualmente ejerciendo el cargo de rector, lo que hace innecesaria la medida cautelar.
José Ismael Peña fue designado como rector de la Universidad Nacional el 21 de marzo. No obstante, el Consejo Superior Universitario (CSU) revocó esa designación posteriormente. La demanda argumenta que la designación de Peña presenta una “manifiesta contradicción entre el acto de elección acusado con las normas superiores en que debe fundarse; tiene falta de competencia; y su expedición es irregular”. En otras palabras, los demandantes consideran que la designación de Peña es ilegal y debe ser anulada.
El Consejo de Estado, en su auto, explicó que, de acuerdo con los artículos 91 y 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el acto que contiene la designación de Peña no está surtiendo efectos. Esto se debe a que el CSU, mediante la Resolución 067 del 6 de junio de 2024, adoptó medidas para corregir las irregularidades en la designación de Peña y convocó a una sesión extraordinaria para designar al rector de la institución.
El 7 de junio, el CSU, encabezado por el viceministro de educación superior, Alejandro Álvarez, se reunió para emitir una nueva resolución. En esta reunión, se designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, en un intento por “enmendar” el documento que designaba a José Ismael Peña como rector.
La situación ha generado diversas reacciones dentro y fuera de la universidad. Algunos miembros de la comunidad académica apoyan la designación de Múnera, argumentando que es una figura que puede traer estabilidad y liderazgo en un momento de crisis. Otros, sin embargo, consideran que el proceso ha sido irregular y que la designación de Peña debería ser respetada hasta que se resuelvan todas las disputas legales.
La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado es un paso importante en este proceso. Sin embargo, la decisión final sobre la legalidad de la designación de Peña aún está pendiente. Mientras tanto, la Universidad Nacional continúa operando bajo la dirección de Múnera, quien ha asumido el cargo en medio de un ambiente de incertidumbre y tensión.
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos de designación de altos cargos en instituciones educativas. La Universidad Nacional, como una de las principales instituciones de educación superior del país, debe garantizar que sus procesos sean claros y justos para mantener la confianza de la comunidad académica y del público en general.
La controversia también subraya la necesidad de una mayor claridad en las normativas que rigen estos procesos. La falta de claridad y las irregularidades en la designación de Peña han llevado a una situación de crisis que podría haberse evitado con procedimientos más transparentes y bien definidos.
