La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un proceso disciplinario contra Rossy Yaneth Peña García y Gloria Andrea Panesso Rodríguez. Ambas son funcionarias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Peña García es la Directora de Servicios Complementarios, mientras que Panesso Rodríguez es una profesional especializada de la misma entidad. La investigación se centra en la adquisición de medicamentos e insumos médicos y quirúrgicos vencidos, cuyo valor asciende a más de 160 millones de pesos.
La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción está a cargo de la investigación. Su objetivo es determinar si las acciones de las funcionarias constituyen una falta disciplinaria. En particular, se busca esclarecer si los medicamentos vencidos fueron distribuidos a pacientes, lo que podría tener graves implicaciones para la salud pública. Para ello, se han ordenado los medios probatorios necesarios para verificar la veracidad de las conductas de las servidoras públicas.
Uno de los aspectos clave de la investigación es cómo se llevaron a cabo las gestiones administrativas y los controles pertinentes. Es crucial entender si se siguieron los procedimientos adecuados para la adquisición y distribución de los medicamentos. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. tiene la responsabilidad de garantizar que los medicamentos utilizados en sus centros hospitalarios sean seguros y eficaces. Cualquier falla en este proceso podría tener consecuencias graves para los pacientes.
El valor total de los medicamentos vencidos es de 169.254.070 millones de pesos. Estos medicamentos tenían fechas de vencimiento que oscilaban entre los años 2019 y 2021. La adquisición de medicamentos vencidos no solo representa un desperdicio de recursos públicos, sino que también pone en riesgo la salud de los pacientes que podrían haber recibido estos medicamentos.
La investigación también examinará si hubo negligencia o mala fe en la adquisición de los medicamentos vencidos. Es posible que las funcionarias no hayan realizado las verificaciones necesarias antes de la compra. Alternativamente, podrían haber sido conscientes de que los medicamentos estaban vencidos y haber procedido con la compra de todos modos. Cualquiera de estas situaciones sería grave y podría resultar en sanciones disciplinarias.
Además, se evaluará el impacto de estos medicamentos vencidos en los pacientes. Si se demuestra que los medicamentos fueron distribuidos y utilizados, las consecuencias podrían ser severas. Los medicamentos vencidos pueden perder su eficacia y, en algunos casos, volverse peligrosos. Esto podría haber llevado a tratamientos ineficaces o incluso a efectos adversos en los pacientes.
La Procuraduría también considerará el contexto en el que se realizaron estas adquisiciones. Es posible que haya habido presiones externas o internas que influyeron en las decisiones de las funcionarias. Entender este contexto es crucial para determinar la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.
La noticia está en desarrollo y se espera que la investigación arroje más luz sobre estos hechos en los próximos días. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en el sector salud, y este caso subraya la importancia de mantener altos estándares éticos y profesionales. La sociedad espera que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
En resumen, la investigación de la Procuraduría General de la Nación sobre la adquisición de medicamentos vencidos por parte de funcionarias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. es un caso de gran relevancia. La salud pública y la integridad de los recursos públicos están en juego. La sociedad espera que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes.
