El Tribunal Superior de Bogotá ha emitido una sentencia histórica al condenar al general retirado Iván Ramírez Quintero por su implicación en la desaparición de Irma Franco durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Esta decisión marca un hito en la investigación del holocausto del Palacio de Justicia, ya que hasta ahora, los altos mandos militares habían logrado evadir responsabilidades en las investigaciones que los señalaban como piezas clave en las labores de inteligencia que resultaron en la desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales de más de una decena de personas.
Para llegar a esta decisión, el tribunal revocó una absolución de diciembre de 2011, en la que un juzgado de Bogotá había exonerado a Ramírez Quintero de toda culpa. Al revisar el caso en segunda instancia, los magistrados de la Sala Penal encontraron pruebas suficientes para responsabilizar al general retirado y al coronel retirado Fernando Blanco Gómez del delito de desaparición forzada. Ambos deberán cumplir una condena de 31 años y 10 meses de prisión.
Según el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, Ramírez Quintero, en su calidad de jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (COICI), desempeñó un papel crucial en la identificación de las personas que salían como rehenes del Palacio de Justicia. Su misión era determinar si realmente eran víctimas o si, por el contrario, eran guerrilleros. Para el tribunal, no hay duda de que Ramírez Quintero estuvo detrás de una serie de abusos de autoridad y atropellos, como los cometidos por el comando B2 de inteligencia del Ejército, que culminaron en la desaparición y tortura de civiles, asesinatos y la ejecución extrajudicial de un magistrado.
El caso específico que se le atribuye a Ramírez Quintero es el de Irma Franco, una guerrillera del M-19 que salió viva del Palacio de Justicia, pero de la que nunca más se supo. Las investigaciones no judiciales han demostrado, mediante la revisión de videos y testimonios, que Franco fue vista en la fila de personas que salían del edificio hacia la Casa del Florero. Allí, uniformados e integrantes de los comandos de inteligencia perfilaban a los ciudadanos y los separaban en grupos de sospechosos y no sospechosos.
“La desaparición de Irma Franco fue el resultado de la coordinación entre los órganos de inteligencia en la Casa del Florero, para decidir qué retenidos recibirían un tratamiento diferente, ya que para esas autoridades era claro que se trataba de subversivos. No se registraban los trámites realizados con ellos, lo que constituye un claro indicio de que la intención era desaparecerlos”, se lee en la condena contra Ramírez.
Iván Ramírez Quintero es un nombre emblemático en la inteligencia militar colombiana. Fue comandante de los órganos castrenses más importantes en este campo: el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici), la Brigada 20 y la Dirección Nacional de Inteligencia. En 1980, ya había recibido cuatro medallas por servicios distinguidos en orden público y su hoja de vida se mantenía sin mancha.
Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias. La Procuraduría lo investigó por denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos y, en 1998, según un informe anual de Human Rights Watch, le fue retirada su visa estadounidense. Cinco días después de perder ese documento, la Brigada 20, que ya enfrentaba serios cuestionamientos por su presunta relación con grupos paramilitares, fue desmantelada. Estos grupos habían perpetrado asesinatos como el de Jaime Garzón, el abogado Eduardo Umaña, y los líderes sociales Elsa Calderón y Mario Alvarado.
El desencuentro con Estados Unidos fue solo un obstáculo en una trayectoria que incluía la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) y haber trabajado con Rafael Pardo, ministro de Defensa del presidente César Gaviria. Cuando le retiraron la visa, era el inspector general del Ejército, liderando investigaciones internas. De allí, fue designado en Chile como agregado militar hasta 2000, cuando se retiró. Sin embargo, en 2008, la situación se complicó, ya que la Fiscalía lo llamó a rendir indagatoria por la desaparición forzada y el secuestro agravado de 10 empleados de la cafetería y una guerrillera del M-19.
Semanas después de su declaración ante la Fiscalía, Ramírez Quintero fue capturado y, en enero de 2009, fue llamado a juicio por esa investigación. En 2011, fue absuelto por “duda razonable”, recuperó su libertad y trató de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que también debía dar explicaciones sobre el papel de los hombres de inteligencia en los asesinatos, desapariciones y torturas a miembros de la Unión Patriótica.
La condena de Ramírez Quintero representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Este caso pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos durante uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. La sentencia también envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los altos mandos militares en la violación de derechos humanos y la importancia de no permitir la impunidad en estos casos.
