La trágica muerte de Élmer Fernández, un teniente coronel retirado de la Policía Nacional, quien recientemente había asumido la dirección de la cárcel La Modelo en Bogotá, ha conmocionado a la sociedad colombiana. Este suceso no solo pone de relieve los peligros inherentes a la gestión penitenciaria en el país, sino que también destapa las profundas heridas de un sistema carcelario en crisis. Fernández, quien estaba a punto de celebrar su 58º cumpleaños, vio su vida truncada por un ataque de sicarios, un destino marcado por amenazas previas contra su familia y un entorno laboral hostil.
La cárcel La Modelo, conocida por su sobrepoblación y violencia, ha sido escenario de múltiples episodios que reflejan la urgente necesidad de reforma en el sistema penitenciario colombiano. Con una capacidad para 2.900 reclusos pero albergando a más de 5.000, este centro de reclusión ha sido testigo de motines mortales y prácticas inhumanas, como la desaparición de cuerpos dentro de sus propias instalaciones. La llegada de Fernández a este ambiente, tras una carrera policial marcada por la controversia y el litigio, parecía un nuevo comienzo, una oportunidad para aplicar su experiencia en seguridad y administración en uno de los contextos más desafiantes del país.
Su carrera en la Policía Nacional, que comenzó a los 19 años, estuvo llena de ascensos hasta que un abrupto alto en su progresión lo llevó a enfrentar batallas legales por su ascenso y eventual retiro. A pesar de estos contratiempos, Fernández no se detuvo. Se dedicó a la academia, obteniendo grados en Administración de Empresas, Recursos Humanos y Seguridad, y ocupó posiciones de liderazgo que lo prepararon para los retos que enfrentaría más adelante. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de polémica, como lo demuestra su involucramiento en un proceso judicial por la compra de un apartamento previamente propiedad de un notorio líder paramilitar, un episodio que manchó su reputación y lo enfrentó a la justicia colombiana.
La transición de Fernández al Inpec, y su posterior asignación a la cárcel La Modelo, fue vista como un paso adelante en su carrera. Sin embargo, este cambio también lo colocó en la mira de aquellos que buscan mantener el status quo dentro de las prisiones, donde el contrabando y la violencia son moneda corriente. Su breve estancia en la cárcel La Esperanza en Guaduas, donde enfrentó y denunció la existencia de redes ilícitas dentro del centro, muestra su compromiso con la reforma y la justicia, aun en medio de amenazas a su integridad.
La intimidación por parte de un recluso conocido como Pedro Pluma, quien amenazó la vida de su familia si era trasladado, subraya la peligrosa realidad de la gestión penitenciaria en Colombia. Este mensaje, un claro indicativo del poder que algunos reclusos ejercen dentro de las cárceles, presagiaba la tragedia que se cernía sobre Fernández. Su asesinato no solo es una pérdida para su familia y seres queridos, sino también un golpe devastador para aquellos que abogan por un sistema penitenciario más justo y seguro en Colombia.
Este incidente debe servir como un llamado a la acción para las autoridades colombianas. Es imperativo que se tomen medidas para proteger a los funcionarios que, como Fernández, se enfrentan a amenazas debido a su labor. Además, es crucial abordar las raíces de la violencia y el desorden en las cárceles del país, buscando soluciones que vayan más allá del endurecimiento de las políticas de seguridad. La reforma del sistema carcelario, enfocada en la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos, junto con la garantía de condiciones dignas de encarcelamiento, son pasos necesarios hacia la pacificación de estos espacios y la sociedad en general.
La muerte de Élmer Fernández no debe quedar en vano. Debe ser un punto de inflexión que inspire un cambio profundo y duradero en el sistema penitenciario colombiano, asegurando que tragedias como esta no se repitan. La lucha por un sistema más justo y seguro es un homenaje a su memoria y un compromiso con el futuro de Colombia.
