En la mañana del lunes 18 de marzo, un hito en la historia de la justicia internacional y los derechos humanos en Colombia se consolidó con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Tras más de dos décadas de litigio, el tribunal dictaminó que el Estado colombiano fue responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra miembros de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). Este fallo no solo marca un precedente en la lucha contra la impunidad, sino que también abre un nuevo capítulo en la defensa de los derechos humanos en América Latina.
La sentencia de la Corte IDH reveló que el Estado colombiano vulneró derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la vida privada, la libertad de pensamiento y expresión, entre otros. Además, se destacó la violación a derechos específicos como la autodeterminación informativa, el derecho a conocer la verdad, las garantías judiciales, la protección judicial, la libertad de asociación, la libre circulación, la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos.
El caso, que llegó a la Corte IDH hace 22 años, evidenció una persecución sistemática y violenta contra los integrantes del Cajar, quienes desde la década de 1990 enfrentaron hostigamientos y amenazas. Estos actos buscaban frenar su labor en la defensa de los derechos humanos. El punto más crítico se vivió en la década de 1990, cuando el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) monitoreó ilegalmente las actividades de los miembros del colectivo, violando su privacidad y seguridad sin ningún control judicial.
La respuesta del tribunal internacional no se limitó a reconocer las violaciones cometidas, sino que también estableció medidas de reparación. La Corte IDH ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, impulsar y concluir las investigaciones con debida diligencia, y requerir información a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia para instruir procedimientos pertinentes. Además, se ordenó brindar tratamiento psicológico a las víctimas que lo soliciten, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas, y diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos sobre violencia contra defensores de derechos humanos.
Este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad en Colombia. La decisión de la Corte IDH no solo busca reparar a las víctimas, sino también prevenir futuras violaciones a través de la implementación de medidas que fortalezcan los estándares de derechos humanos en las actividades de inteligencia y la protección de defensores de derechos humanos. La sentencia es un llamado a la reflexión sobre la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de aquellos que se dedican a la noble tarea de defender los derechos humanos, y establece un precedente crucial para otros casos de violaciones de derechos humanos en la región.
