En las últimas horas, Haití se ha visto sumido en una crisis de seguridad sin precedentes, que ha llevado al Gobierno a declarar el estado de urgencia y el toque de queda en gran parte del país. Esta medida drástica, anunciada por la oficina del primer ministro y presidente interino, Ariel Henry, busca frenar la espiral de violencia desatada tras la fuga masiva de presos de la principal cárcel de Puerto Príncipe. La situación es crítica: 3.696 reos han escapado tras un audaz asalto perpetrado por bandas criminales, con el objetivo declarado de derrocar al Ejecutivo de Henry. Este evento no solo pone de manifiesto la fragilidad del sistema penitenciario haitiano, sino que también subraya la profunda crisis de seguridad que azota al país.
La violencia en Haití no es un fenómeno nuevo, pero la reciente escalada ha alcanzado niveles alarmantes. La capital, Puerto Príncipe, se ha convertido en el epicentro de enfrentamientos entre pandillas que han dejado un saldo devastador: más de 800 personas muertas solo en enero, según informes de la ONU. Esta ola de violencia ha generado miles de desplazados internos, obligando a centenares de habitantes de la zona norte de la capital a abandonar sus hogares. Además, la situación ha provocado un éxodo masivo de haitianos hacia República Dominicana, aumentando la tensión en este país vecino y llevando a su presidente, Luis Abinader, a emitir un desesperado llamado de atención sobre la necesidad de “salvar” a Haití.
El toque de queda, que se extenderá inicialmente hasta el miércoles, es una medida desesperada del Gobierno haitiano, que se ve imposibilitado de hacer frente a la violencia por sí solo. La fuerza pública ha sido movilizada con el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para restablecer el orden. Sin embargo, la magnitud del desafío es tal que el primer ministro Henry ha buscado apoyo internacional, viajando a Kenia en un intento por desplegar agentes de la policía keniana en Haití. Esta medida subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta internacional coordinada, especialmente después de los fallidos intentos de conseguir que Naciones Unidas envíe una misión multinacional.
El asalto a la prisión, atribuido a Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, un expolicía de élite que lidera una de las pandillas más violentas de la capital, ha dejado en evidencia la profunda crisis que atraviesa Haití. Chérizier afirma que su objetivo era capturar al jefe de la Policía haitiana y derrocar al presidente interino, lo que añade una capa de complejidad política a la ya de por sí caótica situación de seguridad. Entre los fugados se encuentran líderes de pandillas y los 18 exmilitares colombianos acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, lo que plantea serias preguntas sobre las repercusiones a largo plazo de esta fuga masiva para la estabilidad de Haití.
La crisis en Haití es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la seguridad y la estabilidad en la región. La comunidad internacional debe prestar atención y actuar de manera coordinada para apoyar a Haití en estos momentos críticos. La declaración de toque de queda y estado de urgencia es un paso necesario, pero insuficiente por sí solo para abordar las raíces profundas de la violencia y la inestabilidad en el país. Es imperativo que se encuentren soluciones sostenibles que aborden tanto las causas inmediatas de la crisis actual como los problemas estructurales de larga data que han plagado a Haití. La solidaridad internacional, la cooperación y el compromiso a largo plazo serán cruciales para ayudar a Haití a navegar por este momento tumultuoso y construir un futuro más seguro y estable para todos sus ciudadanos.
